La Ley de Inversión n.º 72 de 2017 es la columna vertebral del marco egipcio de inversión: garantías escritas para el inversor, un paquete escalonado de incentivos generales, especiales y adicionales, y vías reguladas a través de zonas de inversión, zonas tecnológicas y zonas francas. La ley ha sido modificada, sobre todo por la Ley n.º 141 de 2019 y la Ley n.º 160 de 2023, esta última con un incentivo en efectivo para proyectos industriales, de modo que todo análisis debe partir del texto consolidado y del reglamento de ejecución dictado por el Decreto del Primer Ministro n.º 2310 de 2017. Los beneficios son reales pero no automáticos: pertenecen a los inversores que documentan correctamente su posición desde la constitución.
La arquitectura de la ley y a quién abarca
El artículo 2 enuncia principios que vinculan al Estado y al inversor: igualdad de oportunidades, apoyo a las pequeñas y medianas empresas, libertad de competencia y estabilidad de las políticas de inversión. El artículo 3 garantiza después un trato justo y equitativo a todas las inversiones establecidas en Egipto y el trato nacional al inversor extranjero, y solo por excepción cabe un trato preferente, mediante decreto del Consejo de Ministros por razones de reciprocidad.
El mismo artículo contiene tres garantías operativas que los inversores suelen pasar por alto: el Estado se compromete a respetar y ejecutar los contratos que celebra; concede al inversor no egipcio la residencia en Egipto durante la vida del proyecto; y toda decisión administrativa sobre los asuntos del proyecto debe estar motivada y notificarse. Los proyectos constituidos con fraude o corrupción quedan excluidos de esta protección, pero solo mediante sentencia firme o laudo arbitral irrevocable, de modo que las garantías no pueden retirarse por la mera alegación.
La protección frente a la acción del Estado (artículos 4 y 5)
El artículo 4 traza las líneas rojas. La nacionalización está prohibida. La expropiación solo se admite por utilidad pública y contra una justa compensación pagada por adelantado al valor económico de los bienes, libremente transferible. El secuestro exige sentencia judicial firme, y el embargo, la incautación, el decomiso o la inmovilización exigen orden o sentencia judicial, con una excepción para las deudas tributarias y las cotizaciones de seguridad social debidas al Estado. Los organismos administrativos no pueden añadir cargas financieras o procesales, ni imponer o modificar tasas de servicio, sin el dictamen del consejo de la GAFI y la aprobación del Consejo de Ministros y del Consejo Supremo de Inversión.
El artículo 5 protege la propia licencia. Ningún organismo administrativo puede revocar o suspender la licencia de un proyecto, ni recuperar el inmueble que se le asignó, hasta que el inversor haya sido notificado de las presuntas infracciones, oído y dotado de un plazo de gracia adecuado para subsanarlas. Antes de cualquier actuación de este tipo debe obtenerse el dictamen de la GAFI, en siete días, y el inversor puede presentar su queja ante la Comisión de Quejas establecida por el artículo 83. Para un inversor que negocia la asignación de terrenos o una actividad regulada, estos dos artículos son el núcleo de la estabilidad jurídica.
Libertades financieras: transferencias, importaciones, exportaciones y mano de obra (artículos 6 a 8)
El artículo 6 reconoce al inversor el derecho de financiar el proyecto desde el exterior en divisas sin restricciones, de transferir beneficios al exterior y de liquidar y transferir el producto. El Estado se compromete a permitir libre y rápidamente todas las transferencias relativas a la inversión extranjera en una divisa convertible. En la liquidación, los organismos administrativos disponen de ciento veinte días desde la solicitud completa del liquidador para notificar las deudas de la sociedad; el silencio en ese plazo libera a la sociedad.
El artículo 7 permite al proyecto importar, directamente o por terceros, las materias primas, la maquinaria, los repuestos y el transporte compatible que necesite, sin inscripción en el Registro de Importadores, y exportar sus productos sin licencia ni inscripción en el Registro de Exportadores, con un informe trimestral a la GAFI. El artículo 8 permite emplear trabajadores extranjeros hasta el diez por ciento de la plantilla, ampliable al veinte por ciento cuando no haya mano de obra nacional cualificada, y los trabajadores extranjeros pueden transferir sus derechos económicos al exterior.
Incentivos generales: exenciones quinquenales y arancel aduanero del 2 % (artículos 9 y 10)
El artículo 9 extiende los incentivos generales a todos los proyectos regidos por la ley, sea cual sea su fecha de constitución y su marco jurídico, con una sola exclusión: los proyectos sujetos al régimen de zonas francas, porque ese régimen tiene su propio tratamiento fiscal.
El artículo 10 concede las exenciones en términos concretos. Las escrituras de constitución, junto con los contratos de crédito y de prenda propios de la actividad, quedan exentos del impuesto de timbre y de las tasas notariales y de publicidad durante cinco años desde la inscripción en el Registro Mercantil, y los contratos de inscripción de los terrenos necesarios para la constitución gozan de la misma exención. Se aplica un arancel aduanero uniforme del dos por ciento a la maquinaria, los equipos y los aparatos importados necesarios para la constitución, y los proyectos industriales pueden importar matrices, moldes y requisitos de producción similares sin derechos de aduana bajo el régimen de admisión temporal.
Incentivos especiales: las deducciones del 50 % y del 30 % (artículo 11)
El artículo 11 concede a los proyectos establecidos después de la entrada en vigor de la ley, conforme al mapa de inversión, una deducción de la base imponible del beneficio neto. El sector A, las zonas geográficas más necesitadas de desarrollo según el mapa de inversión y los datos de la Agencia Central de Movilización Pública y Estadística, recibe el cincuenta por ciento de los costes de inversión. El sector B, que abarca el resto de la República, recibe el treinta por ciento para proyectos determinados: proyectos intensivos en mano de obra, pequeñas y medianas empresas, energías nuevas y renovables, proyectos nacionales, estratégicos, turísticos y eléctricos enumerados, proyectos exportadores, la industria automotriz y sus industrias proveedoras, y sectores enumerados que incluyen las industrias química, farmacéutica, alimentaria y de reciclaje agrícola, de ingeniería, metalúrgica, textil y del cuero.
Dos techos disciplinan el beneficio: conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta n.º 91 de 2005, el incentivo no puede exceder el ochenta por ciento del capital desembolsado hasta el inicio de la actividad, y el período de deducción no puede exceder siete años. El reglamento de ejecución define el coste de inversión, el alcance geográfico de los sectores y las condiciones de concesión. Como la deducción opera contra el beneficio imponible futuro, su valor depende de la curva de rentabilidad del proyecto: modelamos la ventana de siete años antes de que el inversor se comprometa con una estructura.
El incentivo en efectivo de 2023 para la industria (artículo 11 bis)
La Ley n.º 160 de 2023 añadió el artículo 11 bis, un instrumento fundamentalmente distinto: un incentivo en efectivo de entre el treinta y cinco y el cincuenta y cinco por ciento del impuesto pagado sobre la renta de la actividad, para proyectos industriales y sus ampliaciones en las industrias y zonas que enumere un decreto del Consejo de Ministros. El Ministerio de Hacienda paga en los cuarenta y cinco días siguientes al vencimiento del plazo de la declaración fiscal, y debe un recargo por demora si no cumple esa fecha, calculado sobre el tipo de crédito y descuento del Banco Central de Egipto anunciado el 1 de enero anterior al vencimiento del incentivo, sin tener en cuenta las fracciones de mes ni de libra. El incentivo no constituye en sí renta imponible.
Los requisitos son deliberadamente exigentes. Al menos el cincuenta por ciento de los fondos del proyecto debe financiarse, hasta el inicio de las operaciones, desde el exterior en divisas, y las operaciones deben comenzar en los seis años siguientes a la entrada en vigor del artículo 11 bis, prorrogables una vez por decreto del Consejo de Ministros hasta seis años más. El decreto del Consejo de Ministros fija el período del incentivo por industria y zona, con un máximo de diez años. Para un inversor extranjero, la condición de financiación en divisas es una decisión de estructuración que se toma en la constitución, no algo que se descubre en la primera declaración fiscal.
Condiciones de los incentivos especiales (artículo 12)
El artículo 12 hace condicionales los incentivos especiales, y las condiciones son el punto en que fracasan las solicitudes. Debe constituirse una sociedad o establecimiento nuevo para el proyecto en los tres años siguientes a la fecha de aplicación del reglamento de ejecución, plazo que el Consejo de Ministros puede prorrogar por períodos adicionales que sumen como máximo nueve años. La entidad debe llevar contabilidad regular, y una entidad con varias zonas se beneficia del porcentaje de cada zona solo con contabilidad separada para cada una. Lo decisivo es que los socios y accionistas no pueden haber usado activos tangibles de una sociedad existente al entrar en vigor la ley para crear el proyecto incentivado, ni haber liquidado esa sociedad dentro del plazo legal para hacerlo; el incumplimiento anula los incentivos y obliga a pagar todos los impuestos debidos.
La Ley n.º 141 de 2019 añadió una ampliación importante: las expansiones de proyectos existentes pueden gozar de los incentivos de los artículos 11 y 13, entendiéndose por expansión el aumento del capital empleado mediante nuevos activos que elevan la capacidad de producción, conforme a las reglas fijadas por decreto del Consejo de Ministros. La elegibilidad se diseña, no se presume: la fecha de constitución, el rastro de financiación, la separación contable y el historial de activos de los socios son cuestiones probatorias que verificamos antes de presentar.
Incentivos adicionales y el certificado de la GAFI (artículos 13 y 14)
El artículo 13, en la redacción de la Ley n.º 160 de 2023, permite al Consejo de Ministros conceder a los proyectos de los artículos 11 y 11 bis otros incentivos: puertos aduaneros de entrada especiales; el pago por el Estado, total o parcial, del coste de conexión de los servicios al local una vez operativo; parte de los costes de formación técnica del personal; el reembolso del cincuenta por ciento del valor del terreno asignado a proyectos industriales cuando la producción comience en los dos años siguientes a la entrega; terrenos gratuitos para ciertas actividades estratégicas; la exención de las tasas de usufructo del terreno asignado hasta diez años; la exención de hasta el cincuenta por ciento de los costes de construcción de infraestructuras y servicios; y el pago por el Tesoro Público de hasta el cincuenta por ciento de las facturas de consumo de servicios hasta diez años.
El artículo 14 resuelve la cuestión de ejecución que suele lastrar los regímenes de incentivos. El director ejecutivo de la GAFI, o un delegado, expide un certificado del derecho del proyecto a los incentivos de los artículos 10, 11, 11 bis y 13, y ese certificado es firme y autoejecutivo: toda entidad debe actuar conforme a él sin más aprobación. Obtener este certificado es un hito definido de todo proyecto incentivado, y el expediente que lo respalda debe construirse como una solicitud de licencia.
La Licencia de Oro y el Centro de Servicios al Inversor (artículos 20 y 21)
El artículo 20, en la redacción de la Ley n.º 160 de 2023, faculta al Consejo de Ministros para conceder a las sociedades que reúnan los requisitos una aprobación integral, conocida en la práctica como Licencia de Oro, para establecer, explotar y gestionar un proyecto. Abarca los permisos de obra y la asignación de los inmuebles necesarios, es autoejecutiva sin más trámites y puede incluir uno o varios de los incentivos de la ley. Está disponible para las sociedades que lancen proyectos estratégicos o nacionales conforme a los criterios del Consejo de Ministros, para proyectos de colaboración público-privada en servicios públicos, infraestructuras, energías nuevas y renovables, carreteras, transporte y puertos, y para otros proyectos que reúnan los requisitos. La GAFI supervisa el cumplimiento con una respuesta gradual: aviso, plazo de gracia, suspensión de hasta un año y rescisión solo por incumplimiento persistente.
El artículo 21 creó el Centro de Servicios al Inversor de la GAFI y sus sucursales como puerta administrativa de entrada: constitución de sociedades, establecimiento de sucursales, ratificación de actas de consejo y de junta general, aumentos de capital, cambios de actividad, liquidación, y recepción y resolución de solicitudes de aprobaciones, permisos, asignación de terrenos y licencias dentro de los plazos de la ley, cada vez más por canales automatizados.
Los marcos de zonas: zonas de inversión, zonas tecnológicas y zonas francas
La ley ofrece tres alternativas reguladas al marco interior. Las zonas de inversión, según los artículos 22 a 31, se establecen por decreto del Consejo de Ministros y las gestionan promotores licenciados, con una oficina ejecutiva de la GAFI que expide las aprobaciones y las licencias de obra dentro de la zona; la licencia de explotación de la zona exime de la inscripción en el Registro Industrial. Las zonas tecnológicas, según el artículo 32, las licencia el Primer Ministro para industrias de tecnologías de la información, diseño de electrónica, centros de datos, externalización y software; sus equipos y maquinaria están exentos de derechos y tasas de aduana, y sus proyectos gozan de los incentivos especiales del artículo 11 según el sector.
Las zonas francas, según los artículos 33 a 43, están fuera del territorio aduanero y fiscal. El artículo 41 exime a sus proyectos y dividendos de los impuestos y tasas egipcios y lo sustituye por un gravamen: en las zonas francas públicas, el dos por ciento del valor CIF a la entrada para los proyectos de almacenamiento, el uno por ciento del valor FOB a la salida para la manufactura y el montaje, y el uno por ciento de los ingresos totales para las actividades que no requieren movimiento de mercancías; los proyectos manufactureros de zonas francas privadas pagan el uno por ciento de los ingresos en la exportación y el dos por ciento a la entrada en el país, y los demás proyectos de zonas francas privadas pagan el dos por ciento. Los proyectos pagan además a la GAFI una tasa anual de servicio de no más de una por mil del capital, con un tope de cien mil libras egipcias. Las mercancías que van al extranjero o vienen de él quedan fuera de los derechos de aduana y del IVA según el artículo 39, mientras que la entrada en el mercado local devenga derechos según el artículo 40.
Resolución de controversias: comisiones y después arbitraje (artículos 82 a 91)
La ley construye cauces graduales antes del litigio. El artículo 83 establece en la GAFI una Comisión de Quejas, presidida por un miembro de la judicatura, para las quejas contra decisiones dictadas conforme a la ley; el artículo 84 exige presentarlas en los quince días hábiles siguientes a la notificación o al conocimiento, y la comisión resuelve en treinta días, con una decisión vinculante para los organismos administrativos sin perjuicio del recurso ante los tribunales. El artículo 85 crea el Comité Ministerial de Resolución de Controversias de Inversión, competente para las controversias entre inversores y el Estado o sus entidades afiliadas; según el artículo 87, sus resoluciones, una vez aprobadas por el Consejo de Ministros, son firmes y ejecutables como títulos ejecutivos, y su falta de ejecución activa el artículo 123 del Código Penal.
El artículo 88 añade el Comité Ministerial de Solución de Controversias de Contratos de Inversión, que resuelve las controversias derivadas de contratos de inversión en los que el Estado es parte y puede, con el consentimiento de las partes, corregir desequilibrios contractuales, prorrogar plazos y reprogramar devengos financieros, con transacciones ejecutables una vez aprobadas por el Consejo de Ministros. Más allá de los comités, el artículo 90 permite la solución por acuerdo o conforme a la Ley de Arbitraje n.º 27 de 1994, ad hoc o institucional, y el artículo 91 estableció el Centro Egipcio de Arbitraje y Mediación en El Cairo para conocer de las controversias de inversores por acuerdo de las partes. Elegir entre estos cauces forma parte de la estructuración de entrada que gestionamos desde nuestra oficina de El Cairo.
Lo que revisamos en un expediente de incentivos de inversión
Cuando revisamos un proyecto conforme a la Ley n.º 72 de 2017, empezamos por la elegibilidad: la ventana de constitución del artículo 12, el historial de activos de los socios, la condición de financiación en divisas del artículo 11 bis y la separación contable necesaria cuando intervienen varias zonas. Contrastamos el proyecto con el mapa de inversión para fijar la deducción del artículo 11, modelamos la ventana de siete años y el techo del ochenta por ciento, e identificamos los incentivos adicionales realistas del artículo 13. Probamos la cualificación para la Licencia de Oro conforme al artículo 20, preparamos las presentaciones ante el Centro de Servicios al Inversor y el expediente del certificado del artículo 14, y estructuramos el posicionamiento en zonas cuando supera la vía interior. Por último, redactamos la cláusula de controversias teniendo en cuenta los artículos 85, 88 y 90.
Vea también: nuestra guía de constitución de sociedades en Egipto y nuestra comparativa de constitución de sociedades en el Golfo, además de nuestra práctica mercantil y societaria.
Preguntas frecuentes
¿Se aplican los incentivos a las sociedades existentes?
Los incentivos generales del artículo 10 se aplican a todos los proyectos regidos por la ley sea cual sea su fecha de constitución, pero los incentivos especiales del artículo 11 exigen una sociedad nueva dentro de la ventana del artículo 12, mientras que las ampliaciones de proyectos existentes pueden reunir los requisitos tras la reforma de la Ley n.º 141 de 2019.
¿Cuál es la diferencia entre el sector A y el sector B?
El sector A abarca las zonas más necesitadas de desarrollo según el mapa de inversión y concede una deducción del cincuenta por ciento de los costes de inversión de la base imponible del beneficio neto; el sector B abarca el resto de la República y concede el treinta por ciento para las actividades enumeradas en el artículo 11, ambos sujetos al techo del ochenta por ciento del capital desembolsado y al límite de siete años.
¿Qué añadió la Ley n.º 160 de 2023?
Añadió el incentivo en efectivo del artículo 11 bis, de entre el treinta y cinco y el cincuenta y cinco por ciento del impuesto sobre la renta pagado, para proyectos industriales que reúnan los requisitos y estén financiados al menos en un cincuenta por ciento en divisas, y sustituyó la definición de incentivos especiales del artículo 1 y los textos de los artículos 9, 11 (párrafo primero, punto 1), 12 (párrafo primero, punto 2), 13, 14 (párrafo primero), 17, 20, 34 y 40 (párrafos segundo y tercero).
¿Está disponible la Licencia de Oro para cualquier proyecto?
No. El artículo 20 reserva la aprobación integral a los proyectos estratégicos o nacionales que cumplan los criterios del Consejo de Ministros, a las colaboraciones público-privadas en los ámbitos enumerados y a otros proyectos que reúnan los requisitos, y se concede por decreto del Consejo de Ministros con supervisión del cumplimiento por la GAFI tras la concesión.
¿Tributan en Egipto los proyectos de zonas francas?
Según el artículo 41, los proyectos de zonas francas y sus dividendos quedan fuera del régimen de impuestos y tasas egipcio y pagan en cambio un gravamen: en las zonas francas públicas, el dos por ciento del valor CIF para el almacenamiento y el uno por ciento del valor FOB para la manufactura, o el uno por ciento de los ingresos para los servicios, con tipos distintos en las zonas francas privadas, además de una tasa anual de la GAFI con un tope de cien mil libras egipcias.
¿Pueden transferirse al exterior los beneficios y el producto de la liquidación?
Sí. El artículo 6 garantiza la transferencia de beneficios y del producto de la liquidación en una divisa libremente convertible y sin demora, y fija un plazo de ciento veinte días transcurrido el cual la sociedad en liquidación queda liberada de las deudas que los organismos administrativos no notificaron.
¿Cómo se resuelven las controversias con el Estado?
Por la Comisión de Quejas del artículo 83, el Comité Ministerial del artículo 85, cuyas resoluciones aprobadas son ejecutables como títulos ejecutivos, el comité del artículo 88 para los contratos con el Estado, o el arbitraje conforme a la Ley n.º 27 de 1994, incluido el Centro Egipcio de Arbitraje y Mediación establecido por el artículo 91.
¿Asesoran sobre los incentivos de la Ley de Inversión desde Egipto?
Sí. Desde nuestra oficina de El Cairo evaluamos la elegibilidad a los incentivos antes de la constitución, preparamos las solicitudes de incentivos especiales y de Licencia de Oro, y representamos a los inversores ante los comités y en arbitraje. Contáctenos a través de la página de contacto para hablar de su proyecto.